Dos años del magnicidio de Moïse: un crimen que profundizó el declive de Haití

Lo que daba un primer indicio a las autoridades sobre quiénes eran los responsables de una nueva tragedia para el país. Los mercenarios se hicieron pasar por agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos para entrar y cometer el crimen.

Después del asesinato, se produjo una serie de enfrentamientos y operaciones de seguridad en Haití. Las autoridades haitianas implementaron medidas para localizar y detener a los perpetradores, que no pudieron salir del país.

En los días posteriores al asesinato, se llevaron a cabo operaciones de búsqueda y captura en Puerto Príncipe y sus alrededores.

Las fuerzas de seguridad haitiana se enfrentaron a los sospechosos, lo que resultó en la muerte de tres perpetradores y la captura del resto en una casa donde aún se ven los impactos de bala, y que ahora se convirtió en un negocio para lavar carros.

Las múltiples crisis que azotan a la nación caribeña

Si bien el país ha estado marcado por la violencia en repetidas ocasiones, esta es una de las crisis más significativas, según expertos que hablaron con la agencia de noticias AP.

La situación en Haití no ha hecho sino deteriorarse desde el asesinato del expresidente en 2021.

Una serie de eventos políticos, sociales y económicos han dado lugar a una compleja y multidimensional crisis humanitaria en el país, especialmente en la capital, Puerto Príncipe.

Las noticias sobre abusos sexuales, secuestros, asesinatos y emboscadas a la policía se han convertido en el día a día de la capital haitiana. Las pandillas han aprovechado el caos político y el descontento de la población con el actual Gobierno para consolidar aún más su poder. Más del 60% de la capital está bajo control total de estos grupos armados.

Hay más de 160.000 desplazados internos por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, según el último reporte de ‘Human Rights Watch’.

Muchos viven en las calles, en los parques principales de la ciudad o en campamentos de refugiados improvisados.

Rosy Auguste Ducéna, de la Red Nacional de Defensa de derechos humanos en Haití, habló con RFI y mencionó en el mes de abril que se estaría hablando de un 100% de la capital que estaría controlada por estos grupos delictivos. Sin un control de la violencia, muchos haitianos han sido obligados a huir de sus hogares.

Con un preocupante registro de al menos 1.446 muertes violentas en lo que va del año 2023, Haití se encuentra sumido en una profunda crisis de seguridad.

Durante los primeros cuatro meses del año, los equipos móviles de Médicos Sin Fronteras informan haber tratado a un total de 7.781 personas impactadas por la violencia.

Los índices de asesinatos, secuestros y ataques violentos han experimentado un aumento del 28% entre enero y marzo de este año en comparación con el último semestre de 2022, según el último informe de la ONU.

El acceso a servicios esenciales como atención médica física y mental, agua y saneamiento se ve seriamente comprometido en toda la ciudad, especialmente en los barrios más afectados por la violencia. Los conflictos entre grupos armados rivales dificultan la libre circulación de los ciudadanos y gran parte de la población vive en condiciones de extrema precariedad.

Un proceso judicial sin respuestas  

Desde entonces, el magnicidio continúa rodeado de una investigación en curso y una falta de progreso significativo en la búsqueda de los autores intelectuales. Las investigaciones sobre los que idearon el crimen están estancadas, lo que genera incomodidad y dudas sobre la impunidad y el futuro juicio en Estados Unidos.

Se reveló que un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos, fue responsable del ataque a la residencia presidencial en Puerto Príncipe, tres de ellos fueron asesinados días después de los hechos, uno extraditado a Estados Unidos, y el resto se encuentra privados de la libertad a la espera de ser juzgados y condenados en una cárcel en la capital haitiana.

Además, se identificó a un médico haitiano como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato.

La cooperación entre las autoridades haitianas y estadounidenses ha llevado a la acusación de siete personas en Estados Unidos por su participación en el asesinato. Entre los acusados se encuentra Rodolphe Jaar, un exnarcotraficante haitiano que admitió su participación en el suministro de armas y municiones al grupo de asesinos.

También se ha identificado a John Joel Joseph, un exsenador haitiano, como otro sospechoso clave en el caso. Estos avances han permitido un mayor entendimiento de los detalles del plan y las conexiones entre los perpetradores.

Aunque se han logrado avances en la detención y acusación de varios sospechosos, aún hay personas clave prófugas, como Joseph Félix Badio, un exfuncionario del Ministerio de Justicia. Las autoridades continúan sus esfuerzos para capturar a estos sospechosos y llevarlos ante la Justicia.

La Fiscalía de Puerto Príncipe llamó al primer ministro Ariel Henry en septiembre del 2021 como parte de la investigación sobre el asesinato del exmandatario.

No obstante, Henry destituyó al fiscal general de la nación de la época, Bed-Ford Claude, horas después de su citación. El exfiscal general había declarado al juez encargado del caso que habían suficientes pruebas que comprometían al actual primer ministro para procesar y pedir su acusación.

El declive en la política de Haití

A principios de enero expiraron los mandatos de los únicos 10 senadores restantes, dejando sin cargos electos a un país de más de 11 millones de habitantes y sin legisladores en su Cámara o Senado. Ariel Henry, el primer ministro elegido por la comunidad internacional, concentró todo el poder, pese a que la constitución haitiana señala que debe existir un primer ministro y un presidente.

Henry anunció el 6 de febrero de este año la instalación del llamado Alto Consejo de Transición (HCT). Un ente que se creó con la intención de llamar a unas próximas elecciones.

La conformación del HCT debe entre otras cosas conducir a la formación del consejo electoral provisional, con el objetivo de organizar los comicios para revitalizar las instituciones democráticas. Sin jefe de gobierno, el país no tiene instituciones.

Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, visitó Haití el pasado 1 de julio y pidió a los gobiernos extranjeros que “ayuden al país a combatir la creciente violencia de las pandillas”.

Además, instó a la realización de elecciones creíbles y destacó la necesidad de más ayuda humanitaria debido a la profunda pobreza y la falta de acceso a alimentos y agua. Expertos señalan que la violencia actual dificulta la celebración de elecciones.

La corrupción develada tras el magnicidio

Este caso ha planteado interrogantes sobre la corrupción y la impunidad en Haití.

La determinación de los motivos detrás del asesinato y la captura de los sospechosos prófugos son pasos fundamentales para garantizar la Justicia y la rendición de cuentas. Se espera que los juicios de los acusados en Estados Unidos comiencen en los próximos meses, lo que brindará más información sobre la planificación y ejecución del asesinato.

Los medios locales, señalan que es importante destacar que Moïse fue un presidente controvertido, y aunque algunas personas estuvieron en desacuerdo con sus acciones, su muerte ocurrió en circunstancias inquietantes y absurdas. Por lo tanto, también exigen Justicia para el expresidente, independientemente de las opiniones políticas.

Esto no solo contribuiría a resolver el caso en particular, sino que también fortalecería el Estado de derecho en Haití y ayudaría a prevenir la impunidad en los crímenes que ocurren en el país caribeño y fortalecer la ansiada estabilidad del país.

Mientras tanto, el país sigue enfrentando una creciente tensión política, económica y social que ha llevado a los ciudadanos a tomar Justicia por mano propia contra los pandilleros, un movimiento denominado como Bwa Kale. El reflejo de una sociedad en crisis y sin guía.